"Queremos que los pobres tengan vida"

La sistemática esquilma de sus recursos y la prolongada violencia de los grupos armados explican la miseria y el drama de esta comunidad. El sacerdote ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito de los derechos humanos en este territorio, habitado por una mayoría afrodescendiente y una minoría aborigen. «Estamos empeñados en buscar la verdad, la justicia y la reparación de tanto abuso», explica, y defiende: «Queremos que los pobres tengan vida». El misionero será el protagonista de un nuevo encuentro de El Aula de EL CORREO, organizado en colaboración con la ONG Manos Unidas y que tendrá lugar hoy, a partir de las ocho de la tarde, en el Salón El Carmen de Bilbao.La contradicción de vivir miserablemente en un entorno lleno de recursos suele ser tan cruel como habitual en Colombia. «Los habitantes del Chocó, uno de los espacios con mayor biodiversidad del mundo y rico en oro y platino, tienen las necesidades básicas insatisfechas», explica Jesús Albeiro Parra, vicario de Pastoral Indígena en Quibdó, capital de dicho departamento colombiano.0

La situación de este territorio lindante con el Océano Pacífico resulta especialmente problemática. Las concesiones gubernamentales a empresas mineras, madereras y pesqueras han provocado un enorme daño ambiental y la destrucción del tejido social, favoreciendo la propagación del alcoholismo y la prostitución, entre otros fenómenos. «Hemos conseguido algo tan revolucionario como que un juez de la República sentencie contra la cesión de 50.000 hectáreas a cierta firma, lo que supuso más de 8.000 desalojos», indica. «Esta victoria supone ponerse enfrente del capitalismo salvaje».

El hostigamiento de las bandas armadas es otro problema enquistado en la región. «Donde hay riqueza, brota el conflicto armado», lamenta el sacerdote. Los guerrilleros de las FARC y el ELN todavía permanecen en la zona, pero, sobre todo, destaca el peligro que suponen las ‘bacrim’, las denominadas bandas criminales de origen paramilitar. «Son un signo de la connivencia con las fuerzas del Estado, un instrumento para que el Gobierno pueda evadir responsabilidades».

Desplazados

Con más de cinco millones de afectados, el país latinoamericano es el segundo del mundo con mayor número de desplazados. «La presión de los grupos de izquierda y derecha empuja a la salida o a buscar refugio en las cabeceras municipales», indica, y apunta que 330.000 de los 450.000 habitantes del departamento han sido víctimas de esta lacra. También los defensores de los derechos humanos, como el propio conferenciante, sufren sus consecuencias, fundamentalmente a través de la intimidación. «Las amenazas se incrementan o disminuyen, como ocurre ahora, por las conversaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla». El religioso confía en que ese diálogo llegue a buen puerto. «La Iglesia siempre ha dicho que no hay solución por la vía militar y el caso colombiano no supone una excepción».

Los esfuerzos de Albeiro y otros activistas no sólo se centran en el ámbito local, ya sea con proyectos sociales o demandas judiciales, sino que incluyen una tarea de ‘lobby’ que requiere el apoyo extranjero. «No hablamos de empresas locales, sino de multinacionales con capital norteamericano y europeo que atentan contra los derechos humanos y sociales», resume.